REPORTE FRONTERA
Seth Rojas Molina
0 ComentariosLa plática se concentra en el amplísimo y costoso vestuario que Granier presume a sus interlocutores.
Con un orgullo tan grande como sus evidentes carencias personales, cuenta sobre su amplio guardarropa formado por 300 trajes, 400 pares de zapatos y más de mil camisas, todo de marca.
El ex gobernador tabasqueño se muestra como una persona muy preocupada por los bienes materiales.
Se nota que considera que lo que tiene es de suma importancia para demostrar lo que debe parecer que es.
La frivolidad de la conversación sería risible sino evidenciara el apego a sus posesiones, a las que especialmente aquellas que asegura haber adquirido en las mejores tiendas de Estados Unidos, describe con presuntuosidad para admirar a sus interlocutores.
Estas características de la personalidad de Granier Melo explican los latrocinios que se le imputan ya que su notorio apego a las posesiones materiales lo condujeron inevitablemente a los actos de corrupción que dejaron las finanzas del estado completamente quebradas.
Mucho de lo que ocurre en México tiene que ver con la codicia que domina a muchos de los que llegan al servicio público.
La postulación de Rogelio Ortiz Mar, representante sindical del SNTE en esta frontera, como candidato por ese distrito ofendió a muchos priistas no porque este personaje sea un personaje que ejemplifica sobradamente los vicios que prevalecen en el sindicalismo magisterial, sino porque aseguran que esa circunscripción electoral la ganan casi en automático.
No les incomoda que Ortiz Mar sea un hombre que en virtud de que, desde hace cuando menos tres años, goza de una comisión sindical vive del presupuesto sin cumplir sus obligaciones laborales como empleado del sector educativo.
Tampoco les molesta que tenga una categoría laboral que por los antecedentes públicos que hay sobre él, legalmente no le corresponde.
A ellos les enfada que lo hayan mandado de candidato a un distrito que están convencidos no tiene mucha competencia electoral, no como en los otros que comprende el municipio donde los candidatos priistas no tendrán una campaña sencilla.
Les irrita pensar que Ortiz Mar casi tiene asegurada una curul en la próxima legislatura.
Aunque seguramente desconocen que con 15 años de antigüedad como empleado del sector educativo, en 2008 su expediente de carrera magisterial reportó que tenía 10 años en servicio, es materialmente imposible que haya sido maestro, prefecto, sub director, jefe de enseñanza y finalmente inspector general de secundaria.
Quizá no sepan que de acuerdo con los criterios del sistema de escalafón para los trabajadores de la secretaria de educación se requieren muchos más años de antigüedad para llegar a la plaza de inspector que Ortiz Mar actualmente tiene asignada.
Este proceso también evidencia que los abogados de Jesús María Moreno Ibarra no dan una en las acciones judiciales emprendidas por recuperar la candidatura para su cliente y de manera indirecta provocaron que se revelaran rasgos de intolerancia en José Ramón Gómez Leal, quien ya fue registrado como candidato a la alcaldía de este municipio.
Moreno Ibarra ha promovido dos juicios, uno ante los tribunales federales y otro en el tribunal electoral de Tamaulipas, que fueron desechados por improcedentes debido a que sus abogados han interpretado mal el principio de definitividad, uno de los requisitos indispensables para la tramitación de un recurso de semejante.
El primero lo presentó ante la Sala Regional del Trife y aunque a la fecha en que se dictó sentencia el asunto prácticamente había quedado sin materia, fue declarado improcedente porque no había agotado la instancia local electoral de Tamaulipas.
El segundo fue promovido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial del estado de Tamaulipas y también fue desechado por improcedente porque, según obra en la sentencia, la denominada cadena impugnativa dentro del PAN aun no concluía, por lo que los actos reclamados por Moreno Ibarra (la modificación del cómputo en el que había ganado el proceso interno y la entrega de la candidatura a Gómez Leal) no habían adquirido el carácter de definitivos ni firmes.
Esta semana Moreno Ibarra anunció que presentó un nuevo recurso ante la Sala Regional del Trife, que, aún sin conocer los términos en que fue elaborada, por los antecedentes de cómo sus abogados le han manejado su asunto existe la posibilidad de que ese órgano jurisdiccional con sede en Monterrey se lo declare improcedente por incumplir con los requisitos antes señalados.
Por otra parte, estos juicios, que obviamente lo han involucrado como tercero interesado, ya tuvieron un efecto en el estado de ánimo de José Ramón Gómez Leal, a quien le favoreció el recuento y modificación de los resultados de la elección interna del 17 de marzo.
El día en que rindió protesta estatutaria como candidato del PAN a la presidencia municipal de Reynosa para luego ser registrado como tal ante el Consejo Municipal Electoral, Gómez Leal perdió completamente el semblante afable que se esfuerza en proyectar.
En la rueda de prensa que ofreció el dirigente estatal del partido la atención de los reporteros se concentró en las acciones legales emprendidas por su adversario para buscar que le retiren la candidatura.
Ante la insistencia sobre el tema, no pudo ocultar su molestia, que llegó a tal grado que también hizo algunos ademanes que denotaban su alterado estado de ánimo.
Al término de la conferencia, en privado incluso llegó al reclamo personal.
Todo eso evidencia una clara falta de tolerancia. Esta conducta es sintomática porque contrasta radicalmente con la imagen pública que ha tratado de construir, especialmente porque en estos tiempos la venta de virtudes es lo que distingue la promoción política.
Tras la detención de la ahora ex dirigente del SNTE, inmediatamente vino el reclamo de acciones semejantes en contra del dirigente del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps, que al igual que Gordillo Morales ha mostrado con toda desvergüenza, con insultante descaro, la cuantiosa fortuna que ha obtenido al amparo del poder.
Si no son sólo palabras, este fin de semana el Presidente Enrique Peña Nieto se ha puesto en el camino de demostrar que las acusaciones penales en contra de Gordillo van más allá de la venganza política.
Durante su participación en la XXI Asamblea Nacional del PRI, el presidente afirmó que su responsabilidad “es lograr que México despliegue todo su potencial”.
Enseguida aseguró que para él no hay intereses intocables.
Aunque no lo contextualizó de manera específica, es claro que el mensaje hace alusión a Elba Esther Gordillo, quien se había convertido en un estorbo para la reforma educativa, cuya importancia para Peña Nieto se entiende porque buscó y logró que fuera elevada a rango constitucional.
Sin embargo como la detención de la ex dirigente magisterial se ha justificado con la persecución de la probable comisión de los delitos que se le imputan derivados del saqueo de las arcas del sindicato, entonces esa parte del discurso del presidente no puede agotarse como referencia exclusiva al caso Gordillo.
Aunque el dirigente del sindicato petrolero mantiene un bajo perfil en su relación con el actual gobierno, la ostentación que él y su familia hacen del exceso de sus bienes materiales también debería ser motivo suficiente para que sea sometido a una investigación.
Es incuestionable que una de las fuentes de su fortuna proviene del dinero del sindicato, pero también que la explicación de su riqueza está en los múltiples negocios que ha hecho para apoderarse de recursos de Petróleos Mexicanos.
Entonces, no hay pretexto que valga para no meterlo a la cárcel.
Desde su llegada a la dirigencia nacional del sindicato, la tabasqueña fue construyendo un emporio basado en el saqueo del presupuesto para la educación.
A la par adquirió una nociva influencia que alcanzó niveles de escándalo en los doce años de los gobiernos del PAN.
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Llegó hasta donde estaba gracias a quienes le permitieron todos sus excesos.
Es larga la lista de quienes al ceder a sus presiones y toleraron sus desmanes terminaron por ser sus cómplices y fueron copartícipes del criminal empobrecimiento del servicio educativo.
Por mucho esta mujer representa lo peor de los vicios del sistema político mexicano.
Que como en los viejos tiempos su disposición a sujetarse al mando puede incluso llevarlos a ridículas contradicciones.
Como víspera de lo que seguramente vendrá muy pronto, en los trabajos previos a la XXI Asamblea Nacional Ordinaria del PRI se aprobó la eliminación de la parte del Programa de Acción que señala que ese partido “defiende la economía popular y no aceptará la aplicación del IVA en alimentos y medicinas”.
Esa mutilación de los documentos básicos del PRI se convierte en una ominosa señal.
La mansedumbre mostrada por quienes integraron las mesas de trabajo, cuyas propuestas serán presentadas a votación en la asamblea nacional del partido, allana el camino para que el gobierno federal pueda promover una iniciativa para gravar alimentos y medicinas.
La eliminación de esa parte de lo que el Programa de Acción define como “Soberanía Alimentaria” se convierte en una amenaza para la población, especialmente para quienes apenas sobreviven en una economía basada en la injusticia social.
Con mansedumbre los priistas renuncian a ese postulado que defendieron rabiosamente durante los dos sexenios panistas.
Abandonan la postura que les resultaba políticamente conveniente porque ahora la verticalidad de su sistema de disciplina así se los reclama.
La interpretación que puede darse a esta postura es irrelevante frente a las implicaciones sociales que tiene.
En el documento se refiere que el funcionario federal vino a evaluar proyectos en desarrollo en esta región, para lo que sostuvo reuniones de trabajo relativos a los proyectos Burgos y gas shale, que enfatiza el texto “abre una nueva ventana de oportunidad para incrementar la oferta energética en México”.
La Gerencia de Comunicación de la paraestatal, dedica el resto del boletín a destacar los niveles de producción de gas en esta zona del país, a los que califica de históricos, a resaltar la opiniones de Lozoya Austin sobre la importancia del desarrollo de proyectos que se asociaran con beneficios a la industria nacional y sobre la intención de “impulsar una visión enfocada a la sustentabilidad, la responsabilidad social y la ética corporativa
En el penúltimo párrafo se indica que el director general de PEMEX visito las instalaciones de la Central de Medición del kilómetro 19 de la carretera Reynosa Monterrey, lugar donde el 18 de septiembre pasado ocurrió la explosión e incendio que provocó la muerte de 32 personas, la mayoría trabajadores de empresas contratistas.
El boletín dice que en este sitio, Lozoya Austin “constató la operación de sus seis plantas criogénicas que utilizan tecnología de pinta y de sus sistemas de control de procesos”.
Sobre la tragedia de Reynosa ninguna referencia.
Para las víctimas fatales y sus deudos ni una palabra. Para los heridos y sus familias tampoco. Sobre las causas del percance nada.
El boletín es inconcebiblemente impersonal.
Como si ahí no hubiera sucedido tan terrible suceso.
Como si con la limpieza del sitio también se hubiera borrado definitivamente el recuerdo del incidente, que entre la población de la región ha dejado una profunda huella.
En el boletín número 14 del primero de febrero, al día siguiente de la explosión en un edificio de las oficinas centrales de la paraestatal que provocó la muerte de 37 personas y heridas a más de cien, se destacan las principales acciones que se realizaron “de manera inmediata y oportuna…para mantenerse cerca de las personas que resultaron afectadas y sus familias”
Tras enumerarlas, el ultimo renglón de ese boletín remata “Petróleos Mexicanos hace patente su cercanía y solidaridad con sus trabajadores y familias”.
¿Y para los de acá? ¿Piensan que en cuatro meses la gente dejó de sufrir? ¿Que los habitantes de la región ya olvidaron? ¿Qué no merecemos una explicación?
Parece que los nuevos funcionarios de la empresa se atienen a aquel refrán que dice “lo que no fue en mi año, no fue en mi daño”.
De acuerdo con lo que dio a conocer la dependencia, en esta cartilla hay disposiciones para que los policías federales informen a los detenidos del motivo de su detención, que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, sobre su derecho a un abogado o a que pueden guardar silencio y que si rinden declaración no debe inculparse o de que tiene derecho a avisar a un familiar de su situación.
El documento, que las autoridades federales han instruido a los integrantes de esa corporación que deben traerlo consigo durante los operativos que realicen, contiene una especie de vacuna “Anti-Cassez”: Los elementos policiacos deberán informar a cualquier detenido de su derecho a ser puesto sin demora a disposición de la autoridad competente y que, en caso de ser extranjero, puede dar parte al consulado de su país.
El documento tiene un propósito propagandístico ya que la relación de derechos que se reproduce ahí forma parte de las garantías constitucionales que los elementos federales seguramente no desconocen.
El fondo del problema de los atropellos policiacos no es por falta de información sino porque en nuestro país hay una terrible subcultura del abuso de la fuerza, de la negación arbitraria de los derechos que asisten a los detenidos y la impunidad que acompaña a estas acciones.
La cartilla de referencia parece el resultado de un enfoque muy ligero y superficial sobre un grave problema que se ha agudizado desde que prácticamente en todo el país se han incrementado brutalmente los niveles de inseguridad pública relacionada con la delincuencia organizada.
Es tan superficial como aquellas circulares que en tiempo de Felipe Calderón emitieron las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina luego de los múltiples asesinatos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas contra personas que no se detuvieron en un retén militar.
Habría que recordar que el gobierno panista las publicitó como si fueran la gran cosa.
Esas disposiciones referían a las circunstancias en las que los marinos y los soldados podían hacer uso de la fuerza. No eran más que la reproducción de los criterios legales de la legítima defensa.
El problema es mucho más complejo como para que el gobierno salga con cosas tan superficiales.
Las expresiones de rechazo por la excarcelación de la francesa se centran en la descalificación de los Ministros de la Primera Salas de la Suprema Corte a quienes reclaman que su decisión atropelló los derechos de las víctimas.
Sin embargo hay que notar que el caso muestra que la actuación de las autoridades federales que la detuvieron fue totalmente contraria a la constitución.
Que al no haberla puesto sin demora a disposición del ministerio público tras su detención y retardarle su derecho a la asistencia consular, cometieron violaciones a derechos fundamentales de la extranjera, que causaron un efecto corruptor en todo el proceso judicial.
Hay que recordar que esas dos acciones permitieron que se montara la escenificación que terminó por trasgredir su derecho constitucional a la presunción de inocencia, ya que la televisión, en cobertura nacional, la presentó como coparticipe en el secuestro de las víctimas “rescatadas” en el falso operativo de la Agencia Federal de Investigación.
Que ahora la presunción de inocencia dejó de ser un principio general de derecho para convertirse en un derecho fundamental “que vincula a todos los poderes públicos y que es de aplicación inmediata”.
Se concluye que las autoridades de la Secretaria de Seguridad Pública, específicamente de la AFI, actuaron en contrario a ese mandato legal y peor aún de mala fe realizaron acciones que tenían el propósito de exhibir públicamente a la francesa como responsable de los hechos delictivos que llevaron a su condena.
La sentencia en el juicio de amparo directo en el caso Cassez no entra al análisis de su culpabilidad sino que se concentra en las deficiencias de un proceso que estuvo plagado de irregularidades, iniciadas con la violación de sus garantías constitucionales.
El análisis concluyó que las conductas ilegales de las autoridades provocaron un efecto que terminó por afectar las evidencias incriminatorias que se presentaron en su contra y que en consecuencia dejaron de tener fiabilidad como para que se llegara a la determinación de que efectivamente era culpable.
Quizá sea políticamente correcto expresar muestras de descontento y rechazo a esa resolución, pero aún cuando los derechos de las victimas involucradas en el caso efectivamente sean de altísima significación, no hay que ignorar que fueron los actos de los funcionarios del gobierno los que al final dieron pie a que todas esas personas resultaran nuevamente agraviadas.
Que se hubiera sostenido la sentencia de cárcel pasando por encima de esas gravísimas circunstancias, sentaría las bases para que las fuerzas del gobierno tuvieran absoluta libertad para violar impunemente la ley en aras de forzar su supuesto cumplimiento.
En medio de la profunda descomposición de las policías y de los sistemas de procuración y administración de justicia, que se imponga una visión como esa abriría las puertas a un verdadero infierno legal.
Antes de este caso nadie dudaba de esa pudrición, pero ahora con la sentencia de libertad absoluta a favor de la francesa pareciera que muchos consideran asunto menor que se actué en contra de la constitución con tal de castigar a toda costa a indiciados de tan terribles delitos, sean culpables o no.
Con esa intención se anunció la creación de lo que llamaron Mesas de Dialogo Político, que, según se publicó en la pagina del PAN, tienen como principal objetivo “darle gobernabilidad al partido en la entidad y en los municipios, que sus dirigentes estatales, municipales o consejo estatal, sean reconocidos por todos los panistas como las instancias de autoridad donde se toman decisiones” La apertura de esas mesas es una reacción frente al aceleramiento de varios panistas de Reynosa que buscan la candidatura a la presidencia municipal de esta frontera, que anunciaron que se estaban poniendo de acuerdo para consensar quién de ellos sería el candidato.
Es una respuesta a una negociación al margen del partido que se había iniciado entre Jesús María Moreno Ibarra, Raúl García Vivian –que no es panista- y el diputado local Leonel Cantú Robles, que además habían marginado de sus platicas al también diputado del Congreso de Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal.
